En septiembre del 76 hubo una cacería de militantes

Los cinco testigos que declararon el lunes 15 de octubre, ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta aportaron elementos para armar el rompecabezas de los actos de terrorismo de Estado cometidos entre el 24 y 25 de septiembre de 1976: quedó claro que los grupos de tareas de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una cacería de militantes políticos en la ciudad de Salta. En esas fechas fueron secuestradas las docentes universitarias Silvia Aramayo y Gemma Ana María Fernández Arcieri  de Gamboa; su marido Héctor Gamboa, además de Daniel Loto Zurita (que trabajaba en la zapatería de Gamboa y compartía la militancia en Montoneros) y el estudiante universitario Carlos Figueroa Rojas. Y fue asesinado el estudiante secundario Martín Miguel Cobos, cuñado del soldado Víctor Brizzi, quien había desaparecido del Ejército el 8 de marzo de 1976.

Además de la proximidad de las fechas, estos casos comparten la falta de investigación policial, y el desinterés del entonces juez federal Ricardo Lona para aceptar los recursos que los familiares elevaban en procura de dar con los desaparecidos.

“Martincito” Cobos (como lo llamó ayer el testigo Héctor Corimayo, su vecino) fue acribillado a tiros a eso de las 2 o 2,30 del 24 de septiembre de 1976. Sus atacantes fueron un grupo de policías que andaban en tres automóviles Ford Falcon y que en realidad buscaban a Enrique Cobos, hermano mayor que militaba en la JP y Montoneros. A eso de las 4 de esa misma madrugada otro grupo de tareas, entre los que ha sido reconocido el civil Juan Manuel Ovalle, secuestró de su casa a Silvia Aramayo; a esa misma hora secuestraron de su casa a Daniel Loto Zurita, militante peronista, igual que Gemma Fernández y Héctor Gamboa, raptados esa misma madrugada de su casa en el barrio Santa Lucía.

Los terroristas iniciaron estos operativos luego de un acto, realizado al pie del monumento 20 de Febrero, de homenaje a “los caídos en la lucha antisubversiva”, recordó el abogado Pastor Rubén Torres, que hacía el servicio militar en el Regimiento de Salta, donde vio a Brizzi, igual que el abogado Rodolfo Villalba Ovejero.

“Esa noche (del 24) debe haber sido una noche de terror aquí en Salta, porque (también) lo secuestran a Loto, lo matan a Martín Cobos y creo que hubo otros secuestros más”, lamentó Luisa Madozzo, viuda de Julio Gamboa, hermano de Héctor. La madrugada del 24 de septiembre los policías Ramón Heredia y Marcos Bejarano les informaron que Gemma y Héctor habían sido secuestrados y que su hija, Mariana Gamboa, de cinco meses, estaba en la vivienda de un vecino, Florencio Figueroa.  Cuando llegaron, la casa estaba abierta, iluminada, con gran desorden, con cosas rotas y otras (un televisor, una radio, ponchos y ropas de Héctor y Mariana) que habían sido robadas. Madozzo entiende ahora que estos policías fueron parte del operativo de secuestro.

Julio Gamboa “hizo de todo” por encontrar a su hermano y su cuñada. En 1977 ubicó una fosa común en el cementerio municipal, allí encontró restos del cuerpo de Gemma. Supo también que ambos habían sido dinamitados en el paraje El Gallinato. Luego suspendió estas averiguaciones, porque las amenazas constantes, a pesar de lo cual “tratamos de preparar todo para que algún día podamos hacer que ellos vuelvan a tener nombre y no sean desaparecidos”, sostuvo Madozzo.

La madrugada del 24 de septiembre Corimayo dormía en su casa, frente a la de los Cobos. Fue despertado por los disparos de una ametralladora y de una 45 o revólver, una bala dio en un ropero. Enseguida escuchó gritos. Salió a tiempo para escuchar que el vecino Eduardo “Lalo” Escalante informaba que Martín Cobos estaba tirado en el garaje de Miguel Martínez. Fue el primero en llegar y ayudó al padre a trasladarlo al Instituto Médico, donde falleció.

Por pedido del padre de Martín, Corimayo fue, junto a Cristina Cobos y a Escalante, a Santa Lucía a advertir a Enrique. Pero cuando estaba estacionando, vieron venir los Ford Falcon, y huyeron. Al día siguiente recién supieron del secuestro de los Gamboa.

Corimayo recordó asimismo que la Policía fue a su casa esa misma madrugada a retirar la bala perdida. Y que nunca lo llamaron a declarar. Por otro vecino, Ubaldo Camacho, supo que uno de los autos era reconocible porque tenía una abolladura, y efectivamente, tiempo después lo vio y vio que sus ocupantes entraban a la Central de Policía.

 “Orgullosa de ser hija”

“La noche del 24 de septiembre de 1976 yo fui secuestrada junto a mis padres”, empezó su declaración Mariana Gamboa. Enseguida contó que el vecino Florencio Figueroa le dijo que dos policías, posiblemente de apellidos Liendro y Corregidor, intentaron llevársela, pero él se negó a entregarla. “Yo le agradezco a Florencio Figueroa que no me entregó porque hubiera sido uno de los 400 chicos que hoy están apropiados”.

“Toda mi vida yo no podía decir cuál había sido mi historia. (…) En Salta no se podía decir que era hija de desaparecidos”, recordó. Dijo que alguna vez la hija del represor Joaquín Guil, Fernanda Guil, la acusó de ser “una resentida social”: “Le quiero decir que estoy muy orgullosa de ser hija de Héctor Domingo Gamboa, que fue un militante peronista montonero, y de Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, que fue docente de la Universidad Nacional de Salta, y eso no me convierte en resentida social, me convierte en víctima del terrorismo de estado”, sostuvo. 

Procesan al empresario Levin por delitos lesa humanidad

El juez federal Julio Leonardo Bavio, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, procesó  (15-10-12) al empresario Marcos Levin por instigación a cometer torturas. El magistrado también dictó el procesamiento de los policías retirados Víctor Hugo Bocos y Enrique Cardozo, en su caso como coautores de tormentos.

El procesamiento es en relación a los delitos denunciados por  Víctor Manuel Cobos, quien fue detenido y torturado en diciembre de 1976, cuando era delegado gremial en la empresa de transportes La Veloz del Norte, de propiedad de Levin por entonces.

En la extensa resolución conocida ayer el juez Bavio da por acreditada “de manera nítida” la presencia de Levin en la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.

El magistrado consideró probado que, como sostiene Cobos en su denuncia, el empresario se valió de la Policía para valerse de una falsa acusación contra el sindicalista y sacarlo de la empresa. Además de Cobos, otros empleados de La Veloz sufrieron la detención y fueron torturados para que asumieran responsabilidad en una estafa que no habían cometido.Para el juez el propio Levin concurría a la Comisaría para verificar que los detenidos firmaran las declaraciones en las que asumían la responsabilidad.

El juez Bavio sostuvo que”Levin usó como nexo para reprimir a sus empleados a Víctor Bocos”, quien era subjefe de la Comisaría Cuarta. De esta manera, instigando a la tortura, logró también sus confesiones y justificó de esta manera los despidos de los empleados.  Para el magistrado, Levin debe responder como instigador “por cuanto ha logrado que los coautores materiales”, Bocos y Cardozo, “realicen la actividad delictiva mediante su influencia sicológica”.

El procesamiento de Levin es sin prisión preventiva, por lo que continuará en libertad. Por otra parte, se le trabó embargo por 150 mil pesos, mientras que Bocos y Cardozo el embargo asciende a 50 mil pesos.

Por otra parte, el juez decretó la falta de mérito (es decir que no hay pruebas suficientes para procesarlos, pero que tampoco se puede dejarlos todavía fuera de sospecha) a favor de quien fuera jefe de la Comisaría 4º, Víctor Hugo Almirón, y de Jorge Alejandro Grueso, ambos imputados también por las torturas. En el caso de Almirón, el juez consideró que no hay pruebas que demuestren que supiera de estas prácticas en perjuicio de los empleados de La Veloz.En cuanto a Grueso, que era encargado de la diagramación de los viajes en La Veloz, el juez consideró que los testimonios de los cuatro ex choferes que lo ubican en el lugar de las torturas no alcanzan a demostrar que fuera partícipe de estos hechos. Los procesamientos son solo por los hechos en perjuicio de Víctor Cobos. Delitos similares fueron denunciados por otros 14 empleados de la empresa pero el juez consideró que se trata de delitos comunes, no de lesa humanidad, por lo que tienen que ser investigados por la justicia provincial.