Un juez bajo sospecha
Por Alejandra Dandan
En el proceso por el secuestro y homicidio del ex
gobernador de Salta, la fiscalía reclamó que se investigue al ex juez como
partícipe de ese delito. Lona fue varias veces denunciado.
“No conseguíamos los familiares
un abogado que nos hiciera un recurso de hábeas corpus, nadie, pero nadie”,
dijo Dolly Mabel Perini de Gallardo en Salta, meses atrás. “Conseguí a un
abogado que me hizo escrito en lápiz y yo presenté el recurso escrito en mi
máquina, porque ni su máquina me prestaba y escribí todo lo que me había dicho
el doctor. Estaban muy preocupados los abogados, también tenían miedo, cuando
llegaba a (el ex juez Ricardo) Lona, me recibía y me miraba con mala cara
porque yo lo conocía de la casa de Jaime Dávalos y tomaba el hábeas corpus y en
mi cara lo tiraba a la basura.”
–¿Cuántas veces sucedió ese hecho? –le preguntó el
presidente del Tribunal.
–Dos o tres veces, no sé.
La Unidad de Coordinación Fiscal de las causas de
lesa humanidad acaba de impulsar una nueva denuncia contra el ex magistrado
Ricardo Lona, esta vez destinada a la Justicia Federal de Salta para pedir que
se lo indague como partícipe del secuestro y homicidio del ex gobernador Miguel
Ragone. La presentación busca no sólo insistir con la investigación sobre un
símbolo de la impunidad de la dictadura. Vista de cerca, muestra además nuevas
lecturas sobre el rol del Poder Judicial que a ojos de los fiscales se hace más
comprensible y profundo a medida que avanzan los juicios de lesa humanidad.
Lona, que en esa causa era investigado sólo por encubrimiento, aparece ahora
como partícipe del aparato represivo. A la inacción en la causa del ex
gobernador, el archivo y disimulo de las pruebas, agregaron otras denuncias,
como la de Dolly Mabel, que muestran su conducta como sistemática y continuada
en el tiempo.
“Esta tolerancia y colaboración por parte del
magistrado terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los
delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad y militares”,
dijeron. “Una conducta que excede el mero favorecimiento (...) (y) lo pone
directamente en la estructura represiva como si fuera un ejecutor más.” Lona
“estaba en ese puesto para brindar impunidad: ése fue su rol en esta empresa
criminal”.
El juicio oral por el secuestro y homicidio de
Ragone concluyó el año pasado con un pedido explícito del fiscal Horacio
Azzolín para que la Justicia investigue en estos términos al ex magistrado, que
atravesó como juez toda la dictadura. Los testimonios y pruebas del debate
habían acreditado no sólo que doce días después del secuestro de Ragone archivó
la causa sin investigar, sino que hizo lo mismo con muchísimas otras denuncias.
En esta presentación nueva, Azzolín retoma y robustece el pedido con las
pruebas del debate, en un informe que lleva estratégicamente las firmas del
jefe de la Unidad de Coordinación de Causas, Jorge Auat, y del fiscal ante la
Cámara de Casación Javier de Luca.
En el contexto de la causa Ragone, Lona aparece en
escena desde el primer momento. Como amigo de la familia, los testigos lo
muestran en la casa de la viuda prometiendo llevar adelante personalmente una
investigación que en realidad se encargaría de disolver horas más tarde.
“Insulta a la inteligencia pensar que, por ejemplo, todas las diligencias de
prueba omitidas no se practicaron porque no se les ocurrieron a quienes no sólo
estaban entrenados para eso sino que, además, tenían la obligación funcional de
hacerlo”, recuerda el escrito citando al ex juez. “Ya se ha explicado cómo
entrevistó a la familia de Ragone en su domicilio al poco tiempo del hecho,
conversando allí con un posible testigo –Mendoza– y estando presente en la
comisaría preventora. Esto, más allá de que la envergadura del caso y su
repercusión pública, porque la víctima era el ex gobernador de la provincia,
ameritaba una investigación exhaustiva que no se realizó.” No se escuchó a la
mujer de Ragone ni a su hija. La instrucción judicial fue un “fingido intento
de investigación”. No se hicieron rastrillajes, no se tomaron pericias. No se
hizo la autopsia de Santiago Arredes, uno de los testigos que cayeron muertos,
hermano del entonces comisario Roberto Arredes, jefe de contralor de la policía,
y otra de las razones por las que el caso tomaba dimensión pública y notoria.
Ya en democracia, Lona recibió información de la Secretaría de Derechos Humanos
de Nación sobre la relación del crimen con las fuerzas represivas, “pese a lo
cual no reabrió la investigación cuando ella estaba reservada esperando,
supuestamente, nuevos elementos de prueba para hacerlo”. Colocó “de puño y
letra, simplemente ‘Agréguese’, cuando se le estaba aportando una línea de
trabajo concreta”. Nada indica que su obrar se debió solamente a que era un
funcionario “negligente”, insisten. “Si se estudia su actuación (o la falta de
ella) en otros tantos casos denunciados durante el gobierno de facto, se
advertirá claramente que su accionar respondía a un patrón: no investigar los
hechos que aparecían cometidos por las fuerzas de seguridad, en el ámbito de la
alegada lucha contra la subversión o situaciones afines.”
Es muy impresionante ver los nombres que el informe
incluyó a continuación. Madres, padres o familiares de distintos secuestrados
que acudieron a ver a Lona y luego se iban con el cierre de un expediente que
decía “sobreseído por falta de pruebas”.
El intento por llevar a juicio a Lona en Salta es
largo. Lona está acusado además en la causa por la Masacre de Palomitas, donde
los testigos lo inscriben como presente en los traslados de detenidos. En esa
causa, la Corte Suprema emitió un fallo en septiembre que vuelve a impulsar la
investigación. Pero nadie sabe si el ex magistrado volverá a contar con las
ayudas locales que hasta ahora le garantizaron impunidad. “La Cámara de Salta
le dio una mano extraordinaria”, dice Azzolín y recuerda que Lona zafó de ser
investigado porque en la primera instancia y luego la Cámara consideraron que
su conducta era reprochable en términos de “encubrimiento”, pero lo entendieron
como delito prescripto tanto en Ragone como en Palomitas. Ahora el juez federal
2 Miguel Medina es el que debe aceptar o rechazar el pedido de indagatoria con
estas características. Un dato difícil de saber si se toma en cuenta que para
el recurso ante la Cámara, hubo treinta abogados de la matrícula que se
excusaron de intervenir no por odio manifiesto sino por amistad.
Fuente: Pagina 12
Martin Avila definió en entrevista al Nuevo Diario de Salta
Afirmó que parte del escrito con los recursos extraordinarios interpuestos fueron incluidos en el fallo de la Corte Suprema. Sostuvo que el pronunciamiento fue prácticamente un reto para los camaristas que no evaluaron debidamente el caso. Atento a que consideraron los delitos que se le imputan a Lona como delitos comunes y no de lesa humanidad por lo que se lo sobreseyó y además dictaron la prescripción de la causa.
Avila, señaló que la Nación hace dos años por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos interpuso el recurso extraordinario ante la Corte de Justicia de la Nación, a efectos que se revoque esa sentencia contraria a derecho que favoreció al ex juez Federal Ricardo Lona, ya que desconocía la jurisprudencia nacional imperante en la materia. Específicamente que los delitos de incumplimiento y omisión de investigar no son autónomos, sino conexos a la propia Masacre de Palomitas y por ende eran y son delitos de lesa humanidad. Y reafirmó que en este caso inclusive consideramos que Lona tuvo una participación mayor en el hecho. También interpusieron recursos Elia Fernández Alonso, representada por Daniel Tort y el fiscal General de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, José Pérez.
La decisión fue celebrada por las diferentes organizaciones sociales de derechos humanos de la provincia de Salta. Avila, quien es actualmente concejal por la Capital salteña, en representación del Frente Plural Memoria y Movilización Social (FPMMS) sostuvo que el fallo es un logro de la política implementada por el ex presidente Néstor Kirchner y la actual Presidenta Cristina de Kirchner, de lograr Verdad, Memoria y Justicia, transformando en política pública el reclamo y las exigencias de justicia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de familiares de detenidos y desaparecidos y de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.
Otros jueces
Además de Lona, la Justicia lleva adelante otras investigaciones en contra de jueces federales comprometidos con los delitos de lesa humanidad. Entre ellos el ex juez Manlio Martínez de Tucumán, por su participación en la muerte de cinco montoneros y colaboracionista del general Acdel Vila, del Operativo Independencia; el caso del juez Víctor Brusa de Santa Fe, que fue condenado a 21 años de prisión por su participación en desapariciones forzadas; ex juez Federal Miguel Angel Puga, de Córdoba, acusado de no haber investigado el fusilamiento de 29 presos políticos, entre otros.
Avila en este aspecto sostiene que se confirma con ello que en los delitos de desaparición de personas durante la dictadura se incluye un aspecto elemental para su tipificación que es la negativa del Estado de investigar. Por ende el Poder Judicial cumplía en la dictadura un perfil esencial pues garantizaba las actuaciones impidiendo la investigación de los delitos.
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