“Casalla estaba ligado a la derecha y cesanteaba a compañeros”

Dos testigos que declararon ayer en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta dieron cuenta de las tareas de vigilancia y persecución que se realizaban en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en la década del 70. Ambas sostuvieron que el profesor de filosofía Mario Casalla encabezó una persecución a militantes de partidos de izquierda, que fueron cesanteados y, en muchos casos, desaparecidos. Casalla no está siendo juzgado en este proceso, pero tiene un pedido de investigación por su presunta colaboración con el terrorismo de Estado.

 “Casalla estaba ligado a los sectores de derecha. Y cuando él estaba en la Universidad, dejaba cesante a muchos compañeros”, sostuvo Nora Leonard al referirse a la persecución que sufrió la docente Silvia Aramayo, cesanteada el 3 de mayo de 1975 y secuestrada y desaparecida el 24 de septiembre de 1976.

“(Casalla) tenía mucho poder y era el que organizaba todo ese sector de la derecha peronista (en la UNSa)”, ratificó Leonard. La testigo María Isabel Duarte, que militaba en la JP y conoció a Aramayo, añadió que Casalla “digitaba” la persecución y “a raíz de eso existen las cesantías de los compañeros”. “Esa fue su misión (señalar a los militantes)”, aseguró.

Leonard recordó que poco después de la asunción del gobernador Miguel Ragone, en mayo de 1973, surgieron diferencias en sectores políticos en la Universidad. Un sector, de derecha, entre los que estaban Casalla y Yolanda Fernández Acevedo, pretendía la caída del rector Holver Martínez Borelli, y otro apoyaba al rector y a Ragone. Entre éstos se destacaba el profesor Manuel Santos y el profesor Severino Croatto, quien “estaba muy enfrentado con Casalla, una vez Casalla lo golpeó inclusive”.

En diciembre de 1974, tras la caída de Ragone (intervenido el 24 de noviembre de ese año), la Universidad fue intervenida también. Casalla integró el grupo de interventores. Ese fin de año empezaron las cesantías de docentes, entre ellos Georgina Droz, asesinada en la Masacre de Palomitas. Entre otros, también fueron cesanteados (en distintas fechas), y luego desaparecidos, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Nora Saravia, Carlos García, Néstor Oliva, Francisco Corbalán, Miguel Ángel Arra, Alberto Calou, los hermanos Tufiño, y Víctor Brizzi. “Todos los que habían apoyado a Martínez Borelli fueron dejados cesantes”, sostuvo Leonard. Dijo que compañeras le contaron que habían sido amenazadas por Casalla.

Aseguró asimismo que “se realizaban tareas de inteligencia en la Universidad”, con “gente infiltrada”, y recordó un episodio en que el militantes de la derecha peronista, entre los que nombró al policía federal Faber, a Armando Caro Figueroa y Carlos Douthat, amenazaron con armas de fuego a estudiantes.

Leonard y Duarte coincidieron en afirmar que Juan Manuel Ovalle, que está siendo juzgado por el secuestro de Aramayo, tenía una relación amorosa con la joven. Ambas aseguraron que el acusado despertaba desconfianza en el resto de compañeros, debido a que militaba en la Juventud Sindical Peronista, de derecha.

Recusada por usar el celular en audiencia

El habitual uso del teléfono celular por parte de la jueza Marta Liliana Snopek, durante las audiencias, le valió ayer que el abogado querellante David Leiva la recusara, por considerar que “está demostrando una pérdida total de imparcialidad”.

El planteo pareció enojar a la magistrada, que no esperó a que el abogado terminara para comenzar a responderle en un tono de voz subido. La recusación fue compartida por la querellante Tania Kiriaco, quien señaló que con ello estaban atendiendo a las numerosas quejas de sus mandantes, y del público en la sala, que jornada tras jornada se viene manifestando ofendido por el aparente desinterés de la jueza.
Los defensores se opusieron a la recusación y la jueza hizo un descargo en el que sostuvo que no tiene que dar explicaciones, y aseguró que puede prestar atención a la audiencia y a la vez atender consultas en otros juicios. El Tribunal rechazó la recusación.